Mediante la Resolución Nro. 1139 de 2020 el Ministerio del Interior expidió el protocolo para garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse de manera pública.

El mentado protocolo contiene las siguientes disposiciones:

• Responsabilidades de los gobernadores como ¨ Previo a la realización de la manifestación, el departamento activará un Puesto de Mando Unificado – PMU que deberá coordinar las acciones respectivas con los Puestos de Mando Unificado Municipales, en el que, en lo posible, estén de manera permanente representantes de las siguientes entidades: (i) Gobernación, (ii) Policía Nacional, (iii) Fiscalía General de la Nación, (iv) Procuraduría General de la Nación, (v) Bomberos y, (vi) Defensoría del Pueblo.¨

• Responsabilidades de los alcaldes como ¨ convocar mesas de trabajo previas a las manifestaciones con sus líderes, con el objetivo de verificar cuál será el curso de la misma y sus pormenores, para articular las acciones requeridas y generar los apoyos de las entidades para garantizar la seguridad y el orden público¨.

• Del actuar de la Policía Nacional y las acciones anticipadas de control de infiltración como ¨suministrar información con enfoque preventivo a los alcaldes y gobernadores como primeras autoridades de policía, con el fin de facilitar la posible identificación de los actores infiltrados que generen actos de violencia en las protestas sociales y evitar la obstaculización del derecho fundamental a la manifestación pública de la ciudadanía. Esta información será canalizada a través de las dependencias administrativas encargadas del diseño y ejecución de las políticas de convivencia y seguridad ciudadana¨.

• De los participantes en la manifestación como ¨ conminar a los participantes para que en el ejercicio del derecho legítimo a manifestarse públicamente lo hagan de manera pacífica y velen porque cada uno de ellos respeten no solo sus derechos a la vida y a su integridad física, sino para que salvaguarden esos mismos derechos y los bienes de terceros ajenos a la protesta y cumplan con el deber de denunciar aquellas conductas al margen de la ley por quienes en desarrollo de las mismas realicen actos violentos que atentan contra el orden público¨.

 Redacción.