Un ciudadano afiliado al servicio de salud en uno de los regímenes exceptivos del país, el 23 de julio de 2009 fue intervenido quirúrgicamente para la realización de una “colecistectomía abierta”. Durante la cirugía presentó sangrado por lo que le realizaron “empaquetamiento hepático con 5 compresas”. El 1 de agosto de ese año fue dado de alta y salió de la clínica. Meses después presentó dolor abdominal y, con la ayuda de imágenes diagnósticas, el 30 de agosto de 2010 le encontraron un “cuerpo extraño”, motivo por el cual fue hospitalizado y el 2 de septiembre de ese año, lo retiraron mediante una cirugía. Tras varios años de un tortuoso trámite, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca condenó a la entidad demandada por los perjuicios causados al paciente y a su familia.

Un ciudadano afiliado al servicio de salud en uno de los regímenes exceptivos del país, el 23 de julio de 2009 fue intervenido quirúrgicamente para la realización de una “colecistectomía abierta”. Durante la cirugía presentó sangrado por lo que le realizaron “empaquetamiento hepático con 5 compresas”. El 1 de agosto de ese año fue dado de alta y salió de la clínica. Meses después presentó dolor abdominal y, con la ayuda de imágenes diagnósticas, el 30 de agosto de 2010 le encontraron un “cuerpo extraño”, motivo por el cual fue hospitalizado y el 2 de septiembre de ese año, lo retiraron mediante una cirugía. Tras varios años de un tortuoso trámite, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca condenó a la entidad demandada por los perjuicios causados al paciente y a su familia.

Un ciudadano afiliado al servicio de salud en uno de los regímenes exceptivos del país, el 23 de julio de 2009 fue intervenido quirúrgicamente para la realización de una “colecistectomía abierta”. Durante la cirugía presentó sangrado por lo que le realizaron “empaquetamiento hepático con 5 compresas”. El 1 de agosto de ese año fue dado de alta y salió de la clínica. Meses después presentó dolor abdominal y, con la ayuda de imágenes diagnósticas, el 30 de agosto de 2010 le encontraron un “cuerpo extraño”, motivo por el cual fue hospitalizado y el 2 de septiembre de ese año, lo retiraron mediante una cirugía. Tras varios años de un tortuoso trámite, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca condenó a la entidad demandada por los perjuicios causados al paciente y a su familia.

Un ciudadano afiliado al servicio de salud en uno de los regímenes exceptivos del país, el 23 de julio de 2009 fue intervenido quirúrgicamente para la realización de una “colecistectomía abierta”. Durante la cirugía presentó sangrado por lo que le realizaron “empaquetamiento hepático con 5 compresas”. El 1 de agosto de ese año fue dado de alta y salió de la clínica. Meses después presentó dolor abdominal y, con la ayuda de imágenes diagnósticas, el 30 de agosto de 2010 le encontraron un “cuerpo extraño”, motivo por el cual fue hospitalizado y el 2 de septiembre de ese año, lo retiraron mediante una cirugía. Tras varios años de un tortuoso trámite, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca condenó a la entidad demandada por los perjuicios causados al paciente y a su familia.

En razón a las recomendaciones respecto a las características comunes de las Grandes Contribuyentes emitidas por diferentes organismos multilaterales internacionales como el BID, el FMI y a OCDE; la DIAN emitió la Resolución Nro.105 de 2020, mediante la cual adoptó los criterios más adecuados y que se adaptan a la administración tributaria del país conforme al comportamiento, necesidades y transcendencia de las empresas en Colombia, para una mejor atención y control diferenciado.

Por motivo de la pandemia actual y el aumento desmesurado en la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo- UCI, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió el Decreto Nro. 465 de 2021, mediante el cual se busca garantizar la disponibilidad y suministro de oxígeno medicinal en el marco de la emergencia sanitaria.

Por medio de la Resolución Nro. 1288 de 2020 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo creó el Certificado Empresa Biosegura Colombia y estableció los requisitos y condiciones para obtener su uso, de manera que las empresas minimicen los riesgos de contagio del virus Covid-19 de los trabajadores, consumidores, proveedores y demás actores relacionados a su cadena de valor.

Por medio de la Resolución Nro. 00011 de 2021 la Superintendencia de Notariado y Registro dictó las directrices para la prestación del servicio público notarial mediante medios electrónicos.