El derecho al trabajo tiene su reconocimiento desde la Carta Política, en un estado social derecho conforme al art. 1 Superior, además de ser una obligación social y un derecho fundamental con desarrollo legal estatutario conforme a los artículos superiores 25 y 53. En relación a lo anterior, la Corte Constitucional analizó mediante la Sentencia T-1190 de 2003 la solicitud de trabajo penitenciario que solicitó una persona privada de la libertad mediante el mecanismo de acción de tutela.

La facultad ultra y extra petita del juez constitucional ha sido desarrollada de manera jurisprudencial por la Corte Constitucional y conceptuada en las sentencias T-153 de 2011 y T-568 de 2013 como la facultad de: “decidir más allá de lo pedido o sobre pretensiones que no hicieron parte de la demanda”. Lo anterior, designando en el juez constitucional, y como menciona la Sentencia SU-195 de 2012, una función de importante relevancia como la de resguardar los derechos que observe comprometidos en determinada situación.

Mediante la Sentencia T-339 de 2010, la Corte Constitucional se pronunció acerca de la diferencia entre riesgo y amenaza, con el objeto de determinar cuándo una persona puede solicitar protección especial al Estado.

Ante la precaria situación que atraviesan las personas recluidas en los centros carcelarios del país, la Corte Constitucional se pronunció sobre el estado de cosas constitucionales-ECI, mediante Sentencia T-153 de 1998. También la Corte a través de su Sentencia T-388 de 2013 definió las reglas de equilibrio para garantizar los derechos fundamentales de dicho grupo poblacional.

Las tan conocidas pólizas de salud se encuentran reguladas en los artículos 17 y subsiguientes del Decreto 806 de 1998. Se presentan como una alternativa de beneficios adicionales dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, también conocidos como Planes Adicionales de Salud y que son financiados con cargo exclusivo a los pagos que cancelen los particulares, además, no corresponde al Estado garantizar bajo los principios de solidaridad y universalidad. En diversas sentencias como la T-678 de 2015, la Corte Constitucional se pronunció sobre el carácter de seguro de dichas pólizas y no de prestación de servicios de salud.

El Congreso de la República por medio de la Ley Nro. 2026 de 2020 modificó la Ley Nro. 1388 de 2010 y estableció las medidas para garantizar la prestación de servicios de salud oncopediátrica, además de declarar como prioritaria la atención integral en salud a menores con cáncer.

Por medio del art. 13 de la Ley 797 de 2003, modificatorio de la Ley 100 de 1993, el legislador indicó quiénes pueden acceder a la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional. Además, la Corte mediante diversas sentencias como la C-1094 de 2003 se pronunció acerca de la sustitución pensional.

El derecho fundamental a la libertad de expresión se encuentra consagrado en el art. 20 Superior, concordante con varios instrumentos jurídicos internacionales. Sobre dicho derecho la Corte se ha manifestado en fallos como la Sentencia T-015 de 2015, donde especifica los deberes y derechos de su titular.

El debido proceso se encuentra consagrado como un derecho fundamental en el art. 29 Superior, de tal grado de importancia que es garante del cumplimiento de acceso a la administración de justicia. La Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-086 de 2016 no solo lo tiene en cuenta como una forma de garantizar los mecanismos de acceso a la justicia si no como una forma de hacer respetar el derecho sustancial y el ejercicio efectivo de los derechos.

Los estados de excepción se encuentran contenidos en los artículos superiores desde el 212 al 215, siendo requerida la firma del Presidente y todos sus ministros para tales efectos. La Corte Constitucional ha sido acuciosa en el desarrollo jurisprudencial de dicho concepto y mediante sentencias como la Sentencia C-466 de 2016 se pronunció frente el alcance de los estados de excepción y su carácter reglado.