La Sentencia T-585 de 2006 es una sentencia hito en lo que se refiere al derecho a la vivienda digna por parte de la población desplazada. La Corte Constitucional lo consideró un derecho ius fundamental para dicho grupo poblacional.

El derecho a morir de manera digna ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en diversas sentencias que han reafirmado lo dispuesto en la Sentencia C-239 de 1997, de manera que se tengan en cuenta los parámetros jurisprudenciales para la valoración de la eutanasia en cada caso concreto. La Sentencia T-132 de 2016 recoge la reiteración de los mencionados parámetros.

La Corte Constitucional ha conceptuado sobre las características de la consulta previa cuando se ha dado la afectación del estatus o incidencia en el ethos de la etnia o comunidad en concordancia con el principio general de procedencia como lo contempla el Convenio 169 de la OIT. Mediante la Sentencia SU-039 de 1997, la Corte Constitucional se pronunció respecto a las características de la consulta previa.

Mediante la Ley 860 de 2003 el legislador estableció el supuesto para el reconocimiento de la pensión de invalidez de las personas con enfermedades congénitas, degenerativas y/o crónicas. Por medio de Sentencia SU-588 de 2016 la Corte Constitucional se refirió al tema en concordancia con los principios constitucionales de dignidad humana y de igualdad.

En la jurisprudencia constitucional el derecho a la visita íntima se encuentra en concordancia a garantías fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, vida privada, unidad familiar y la sexualidad, entre otros. Por medio de Sentencia T-372 de 2013 la Corte Constitucional se manifestó respecto a la obligación de las autoridades de evitar obstáculos que limiten el derecho a la visita íntima.

Los derechos reproductivos se derivan de los artículos 16 y 42 de la Constitución Política, relacionados con la garantía al libre desarrollo de la personalidad, el derecho de las personas a decidir de manera libre y responsable sobre el número de hijos, además, el art. 16 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra de la Mujer (CEDAW), aprobado por medio de la Ley 51 de 1981. Mediante Sentencia C-327 de 2016 la Corte Constitucional desarrolló su línea jurisprudencial uniforme y consistente acerca de las características y naturaleza de los derechos reproductivos y su carácter fundamental.

El derecho a la verdad en relación a la violación de los derechos humanos ha sido desarrollado por la Corte Constitucional como la posibilidad de conocer lo que ocurrió y buscar la coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. La Corte mediante Sentencia T-070 de 2018 indicó las garantías que comporta este derecho.

La obligación de proteger el patrimonio cultural se encuentra consagrada en los artículos 8, 63, 70, 71, 72, 95 y 102, en donde se establecieron los deberes del Estado y de los particulares en este tema. La Corte Constitucional mediante Sentencia C-553 de 2014 indicó los elementos que constituyen el patrimonio cultural.

El art. 88 Superior regula todo lo referente a las acciones populares y las identifica como aquellas destinadas a la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con temáticas específicas indicadas en la Constitución. La Corte Constitucional en amplia jurisprudencia se manifestó frente a este recurso y por medio de la Sentencia C-215 de 1999 determinó las características de las acciones populares.

El derecho a la intimidad se encuentra consagrado en el art. 15 superior y en diversos instrumentos internacionales. La Corte mediante Sentencia T-233 de 2007 indicó aspectos importantes de este derecho.