La protección especial a los niños, niñas y adolescentes se encuentra consagrada en el art. 44 Superior y los artículos 8, 9 y subsiguientes del Código de la Infancia y la Adolescencia. Además, mediante Sentencia T-572 de 2010 la Corte Constitucional estableció los criterios jurídicos para determinar el interés superior de este grupo poblacional.

La Corte Constitucional se manifestó acerca de los criterios de procedencia de la acción de tutela y mediante Sentencia T-789 de 2003 estableció aspectos importantes del concepto de perjuicio irremediable.

Desde la óptica de la jurisprudencia constitucional el transcurrir del tiempo no es determinador de la viabilidad de la acción de tutela debido al criterio de inmediatez, sin embargo, mediante sentencias como la T-022 de 2017 la Corte se ha manifestado en relación a la oportunidad en el tiempo para ejercer dicho mecanismo.

En relación a los laudos arbitrales y la procedencia de la acción de tutela contra éstos, la Corte Constitucional mediante Sentencia SU-174 de 2007 estableció cuatro elementos para su procedencia.

La actividad aeronáutica se encuentra plenamente regulada debido al riesgo que involucra dicha actividad, además, la posible afectación de derechos fundamentales y exigencia de una eficiente prestación de este servicio de transporte público conforme al art. 68 de la Ley 336 de 1996 (Actual Estatuto General del Transporte), el Manual de Reglamentos Aeronáuticos y demás disposiciones normativas en esta materia. La Corte Constitucional mediante Sentencia T-987 de 2012 se expresó en lo referente a esta temática y su relación con los derechos fundamentales y otras características de este servicio público de transporte.

La libertad económica está consagrada en el art. 333 de la Constitución Política y ha sido entendida por la Corte Constitucional en diversa jurisprudencia como la capacidad de toda persona de efectuar actividades de tipo económico, con el objeto de crear, mantener o acrecentar su patrimonio. Mediante Sentencia C-228 de 2010 la Corte se pronunció acerca de la relación estatal y el mercado en función de este derecho.

La dignidad humana se encuentra consagrada en el art. 1 de la Constitución Política y constituye la columna vertebral de ésta. Mediante Sentencia T-881 de 2002 la Corte se pronunció acerca sus características.

La eficacia horizontal de los derechos fundamentales ha sido desarrollada por la Corte Constitucional en múltiples sentencias en donde se ha indicado que el respeto por los derechos fundamentales no solo es exigible del Estado, también por parte de los particulares. Por medio de la Sentencia SU-420 de 2019 la Corte fijó las reglas jurisprudenciales en torno a la eficacia horizontal de los derechos fundamentales.

El art. 19 Superior consagró el principio de neutralidad religiosa y mediante la Ley 133 de 1994 se desarrolló la libertad de cultos en Colombia. La Corte Constitucional por medio de Sentencia C-152 de 2003 determinó las prohibiciones para el Estado en relación a la laicidad.

El derecho a la salud se encuentra consagrado en el art. 49 Superior y en la Ley Estatutaria 1751 de 2012, cumpliendo con dos facetas: como derecho y como servicio público. Respecto al derecho a la salud y su relación directa con el suministro de medicamentos la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas sentencias como la T-531 de 2009.