El derecho a la salud en Colombia es considerado como fundamental desde la expedición de la Ley 1751 de 2015, además, para su goce efectivo, la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la accesibilidad de este derecho mediante la Sentencia T-409 de 2019.

En relación al principio de solidaridad en seguridad social, la Corte Constitucional señaló las características de éste en la Sentencia C-1000 de2007.

Mediante la Sentencia T-092 de 2018 la Corte Constitucional reconoció los servicios de transporte como una expresión de la obligación del suministro de prestaciones en salud al considerarlos determinantes para el acceso a la misma.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa respecto a las obligaciones específicas por parte del Estado en lo que respecta a la protección de derecho a la seguridad de personas vulnerables; la Sentencia T-719 de 2003 hace alusión a dichas consideraciones y las pone en manifiesto.

Por medio de la Sentencia de Tutela Nro. 287 de 2020, la Corte Constitucional amparó el derecho a la educación, la educación inclusiva basada en la igualdad y a la no discriminación de varios jóvenes con trastornos de comportamiento, quienes fueron sancionados por la institución educativa por infringir los reglamentos escolares.

El derecho de inspección de los socios en sociedades comerciales se encuentra establecido en el art. 48 de la Ley 222 de 1995, sin que faculte dicha potestad sobre documentos que contengan secretos industriales o cuya divulgación involucre el posible detrimento de la sociedad, además, mediante la Circular Externa 100-000001 de 2017 la Super Sociedades se pronunció sobre esta temática.

Mediante la Resolución Nro. 2242 de 2020 el Ministerio de Trabajo adoptó el lineamiento para el desarrollo de audiencias de conciliación extrajudicial en materia laboral por medios virtuales.

El derecho a la asociación sindical por parte de trabajadores y empleadores se encuentra consagrado en el art. 39 Superior; además, la jurisprudencia constitucional ha abordado ampliamente el tema y en Sentencia C-180 de 2016 ha reiterado dicha asociación sin que medie discriminación o distinción alguna.

La autonomía universitaria se encuentra determinada en el art. 69 Superior, entre tanto, la Corte Constitucional ha establecido límites a esta discrecionalidad en diversas sentencias y especialmente la Sentencia T-933 de 2005.

Mediante el art. 23 Superior el derecho de petición fue elevado a derecho constitucional, además, ha sido constante la jurisprudencia constitucional en dicha materia y en la Sentencia T-192 de 2007 se determinaron las características que debe contener la respuesta a dicho mecanismo constitucional.