La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que la educación inclusiva es un derecho, un servicio público y además, una herramienta para dignificar a la persona, permitiendo mejorar su calidad de vida, contribuyendo al desarrollo personal del individuo y al de la comunidad (Concordante con la Sentencia T-679 de 2016, M.J.I.P.P.).

Con la Sentencia T-596 de 1992, la Corte Constitucional empezó a pronunciarse acerca de la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad; frente a dicha temática la Corte dijo: ¨En una relación jurídica el predominio de una parte sobre la otra no impide la existencia de derechos y deberes para ambas partes. Este es el caso del interno en un centro penitenciario”.

La jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional respecto a los criterios formales y materiales, indica que éstos deben ser acatados por el Gobierno Nacional cuando sean expedidos los decretos que declaren un estado de emergencia. Dicho escrutinio es el límite de dicha potestad del poder ejecutivo en nuestro país.

Mediante la Sentencia de tutela Nro. 321 de 2020 la Corte Constitucional concedió la acción de tutela del actor respecto al derecho de las personas con discapacidad de hacer uso de parqueaderos en la propiedad horizontal, además, la Corte ahondó en los fundamentos normativos para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

Mediante la Sentencia de tutela Nro. 277 de 2020 la Corte Constitucional concedió el reintegro laboral del trabajador que fue despedido cuando se encontraba en periodo de incapacidad médica y reiteró cuándo procede el despido de trabajadores que se encuentren en periodo de incapacidad médica.

Por medio de la Sentencia de Tutela Nro. 289 de 2020 la Corte Constitucional negó el amparo solicitado por la accionante respecto a la solicitud de ordenar al INPEC trasladar a su compañero privado de la libertad, desde la cárcel de Montería a otra ubicada en el Departamento de Antioquia. La Corte revisó varios aspectos de la acción de tutela y verificó aspectos claves y jurisprudenciales de la cosa juzgada constitucional.

Mediante la Sentencia de Tutela Nro. 321 de 2020 la Corte Constitucional concedió el amparo al actor e impartió una serie de órdenes correspondientes a permitir el goce de los derechos amparados de esta persona, pues, fue desconocido por parte de la copropiedad como perteneciente al grupo poblacional en situación de discapacidad y no se tuvo en cuenta que éste requiere espacio de parqueadero sin interrupción porque de su vehículo depende su mínimo vital. Además, la Corte recordó su jurisprudencia concordante con el uso de parqueaderos en la propiedad horizontal para personas con discapacidad.

Mediante la Sentencia de Tutela nro. 284 de 2020 la Corte Constitucional constató el fenómeno de carencia actual del objeto, pues, la hija de la accionante ya había dado a luz al momento de la revisión del caso, frente a la pretensión de efectuar la interrupción voluntaria del embarazo no deseado y la negativa por parte de la EPS de efectuar el procedimiento. La Corte abordó el tema de la inmunidad frente al tipo penal del delito de aborto y se pronunció frente a su jurisprudencia concordante.

Mediante la sentencia de tutela Nro. 289 de 2020 la Corte Constitucional niega el amparo solicitado por la accionante respecto a la solicitud de traslado de su compañero sentimental, quien se encuentra privado de la libertad. La Corte aborda varias temáticas respecto a los derechos relacionados con la decisión y reitera la jurisprudencia en torno a los requisitos para que ocurra la temeridad al hacer uso de la acción de tutela.

Mediante la sentencia de tutela Nro. 277 de 2020 la Corte Constitucional ordenó el reintegro laboral de un trabajador en condición de discapacidad y quien gozaba de estabilidad laboral reforzada, además, la Corte recordó los requisitos legislativos y jurisprudenciales para sea viable la sustitución patronal.