La responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado fue consagrada en el art. 90 de la Constitución Política y desarrollado por el congreso en la Ley 678 de 2001. Además, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-957 de 2014 aclaró acerca de la naturaleza de la acción de repetición y sus características.

La internet como medio de información para desarrollar la libertad de expresión se encuentra delimitada en el marco jurídico de instrumentos internacionales como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo IV de la Declaración Americana, y el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana. Mediante la Sentencia T-145 de 2016 la Corte Constitucional se pronunció en favor de los derechos a la honra y al buen nombre en prelación al derecho a la libertad de expresión en la internet.

Mediante la Sentencia T-140 de 2016 la Corte Constitucional abrió la posibilidad de solicitar el pago de incapacidades laborales, aunque cuando no se hayan agotado los medios judiciales de defensa y cuando de la satisfacción de dicha pretensión dependa la garantía del derecho fundamental al mínimo vital.

Mediante el art. 14 Superior se consagró el derecho fundamental que tiene toda persona a que se reconozca su personalidad jurídica. En este sentido, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-511 de 1999 conceptúo acerca de la cédula de ciudadanía para hacer efectiva la identificación personal.

La facultad de administrar justicia en la condición de árbitros o conciliadores por parte de particulares fue establecida en el art. 116 Superior. Mediante Sentencia C-1195 de 2001 la Corte Constitucional se pronunció acerca de la conciliación y su importancia para el acceso a la administración de justicia.

Mediante el Decreto Nro. 333 del día 6 de abril de 2021 el Ministerio de Justicia y el Derecho modificó las reglas de reparto de la acción de tutela.