En este momento estás viendo El derecho a la educación de los niños desde la legislación y la jurisprudencia constitucional

El derecho a la educación de los niños desde la legislación y la jurisprudencia constitucional

  • Autor de la entrada:
  • Publicación de la entrada:16 febrero, 2021
  • Categoría de la entrada:Noticias

En Colombia la educación es concebida como un derecho y un servicio público a las luces del artículo 67 Superior. Para tal cometido, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, por ejemplo, en la Sentencia C-258 de 2015 se pronunció acerca de la relevancia de este derecho dentro de los derechos sociales, económicos y culturales en garantía del interés superior del menor.

El derecho a la educación se encuentra consagrado en varios instrumentos internacionales acogidos por nuestra Constitución mediante el bloque de constitucionalidad: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979), el Protocolo Adicional de San Salvador de la Convención Americana de Derechos Humanos (1988), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).

Es así como el art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra respecto al derecho a la educación: “Su propósito es el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Igualmente, es obligación de los Estados tomar medidas tales como la implantación de la enseñanza gratuita, el apoyo financiero en caso de necesidad, el fomento de la asistencia a las escuelas y buscar la reducción de las tasas de deserción escolar” (En concordancia con las sentencias T-207 de 2018, T-434 de 2018 y T-457 de 2018). Además, el art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales indica que la educación permite a las personas: “Orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, capacitarse para participar en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos (Concordante con las Sentencia T-457 de 2018).

La Corte Constitucional mediante las sentencias T-743 de 2013, T-105 de 2017, T-434 de 2018, T-006 de 2019 y T-205 de 2019 concibió la educación como un derecho y servicio público que permite el cometido del cumplimiento de la función social dirigido por los principios y valores del concepto de Estado Social de Derecho. Además, mediante las Sentencia T-422 de 2019 la Corte consideró el derecho a la educación como una garantía que permite la formación de las personas y que está conectado a su proyecto de viva y realización personal. Ahora bien, la educación fue también concebida por la Corte como un servicio público en concordancia con la Sentencia T-207 de 2018 y que reúne unas características especiales en concordancia con la Sentencia T-207 de 2018, T-743 de 2013: “la universalidad, la solidaridad y la redistribución de los recursos en la población económicamente vulnerable”. 

Mediante Sentencias T-805 de 2007 y T-006 de 2019, la Corte consideró al tenor del art. 44 Superior y el artículo 1° de la Convención de los Derechos del Niño, la educación como un derecho fundamental que debe ser garantizado hasta los 18 años de edad. Por lo anterior, la Corte efectuó un desarrollo jurisprudencial considerando el derecho a la educación de los niños con una garantía adicional llamada el interés superior del menor (Concordante con las Sentencias T-514 de 1998, T-979 de 2001 y C-258 de 2015. Es así que, si existe conflicto entre el derecho a la educación de los niños y otro derecho, prevalecerá el de los menores (Concordante con la Sentencia T-027 de 2018).

 Redacción.