Los preacuerdos sistema penal acusatorio son herramientas establecidas para simplificar el proceso judicial, acelerando la terminación definitiva de éste sin desconocer el derecho de las víctimas, reconociendo el poder punitivo del Estado al lograr por parte del procesado la aceptación de los delitos de manera pronta. Mediante Sentencia T-794 de 2007, la Corte Constitucional indicó sobre qué temas deben versar dichos preacuerdos.

Por medio de la Sentencia Nro. 434 de 2020 la Corte Constitucional concedió a varios trabajadores el amparo del derecho a la estabilidad reforzada debido a que se encontraban en condición de debilidad manifiesta por razones de salud, además, la corte indicó cuándo se puede acreditar una afectación psicológica o psiquiátrica que no permita el desempeño laboral del trabajador.

La Corte Constitucional ha considerado que existe defecto sustantivo respecto de la sentencia cuando: ¨i) la providencia contiene un error originado en la interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas al caso analizado por el juez, ii) la autoridad judicial juzga el asunto con base en normas inexistentes, inconstitucionales o claramente inaplicables al caso concreto, o iii) se presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión¨ (Concordante con la Sentencia T-1045 de 2012, M.L.G.G.P.).

La causal de desconocimiento del precedente constitucional se configura cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por la Corte Constitucional a un derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado (En concordancia con la Sentencia SU-026 de 2012, M.H.A.S.P..).

Mediante la Sentencia de Tutela Nro. 387 de 2020 la Corte Constitucional resolvió el conflicto de competencia suscitado entre la comunidad indígena y la jurisdicción penal en un proceso penal de violencia intrafamiliar, concluyendo que la autoridad judicial no vulneró los derechos constitucionales a la autonomía, supervivencia cultural y procesos propios de justica de la autoridad indígena. En relación a este tema la Corte se pronunció sobre su jurisprudencia de procedencia de la acción de tutela frente a decisiones judiciales.

Por medio del decreto Nro. 1374 de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social optimizó el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASS, para el monitoreo y seguimiento de casos y contactos de COVID - 19 en Colombia.

Mediante la Resolución Nro. 1139 de 2020 el Ministerio del Interior expidió el protocolo para garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse de manera pública.

Por medio de la Sentencia de Tutela Nro. 388 de 2020, la Corte Constitucional tuteló los derechos de la accionante, madre cabeza de familia y en delicado estado de salud, a quien no le fue renovado el contrato de servicios como enfermera por parte de una Entidad Prestadora de Servicios de Salud, y reiteró su jurisprudencia en torno a la estabilidad laboral reforzada de la madre cabeza de familia, entre otros.

Mediante la Sentencia de Tutela Nro. 289 de 2020 la Corte Constitucional negó el amparo de traslado carcelario solicitado por la accionante, quien es compañera sentimental del recluso y se manifestó respecto a la normativa y jurisprudencia en torno al traslado carcelario de personas privadas de la libertad.

El procedimiento de fertilización in vitro ha sido analizado por la Corte Constitucional en diversas sentencias a la luz del art. 43 de la Constitución (Protección de la mujer en estado de embarazo y del periodo inmediato posterior al parto), siendo la generalidad el negar dicho procedimiento que se encuentra por fuera del Plan de Beneficios en Salud, y solo otorgarlo de manera excepcional ante algunas situaciones contenidas en la Sentencia SU-074 de 2020 y que afectan los derechos reproductivos fundamentales.