Por medio de la Resolución Nro. 2503 del 2020 el Ministerio de Salud y la Protección Social fijó el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para financiar los servicios y tecnologías de salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para la vigencia 2021.

El derecho al buen nombre se encuentra consagrado en el art. 15 de la Constitución colombiana, siendo éste un pilar fundamental para el cumplimiento del respeto a la dignidad humana y contenido en amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional, como la Sentencia T-200 de 2018, donde se establece la rectificación de información cuando se han emitido juicios falsos sobre una persona, lo anterior en concordancia con el art. 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El derecho a la salud en Colombia es considerado como fundamental desde la expedición de la Ley 1751 de 2015, además, para su goce efectivo, la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la accesibilidad de este derecho mediante la Sentencia T-409 de 2019.

En relación al principio de solidaridad en seguridad social, la Corte Constitucional señaló las características de éste en la Sentencia C-1000 de2007.

Mediante la Sentencia T-092 de 2018 la Corte Constitucional reconoció los servicios de transporte como una expresión de la obligación del suministro de prestaciones en salud al considerarlos determinantes para el acceso a la misma.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa respecto a las obligaciones específicas por parte del Estado en lo que respecta a la protección de derecho a la seguridad de personas vulnerables; la Sentencia T-719 de 2003 hace alusión a dichas consideraciones y las pone en manifiesto.

Por medio de la Sentencia de Tutela Nro. 287 de 2020, la Corte Constitucional amparó el derecho a la educación, la educación inclusiva basada en la igualdad y a la no discriminación de varios jóvenes con trastornos de comportamiento, quienes fueron sancionados por la institución educativa por infringir los reglamentos escolares.

El derecho de inspección de los socios en sociedades comerciales se encuentra establecido en el art. 48 de la Ley 222 de 1995, sin que faculte dicha potestad sobre documentos que contengan secretos industriales o cuya divulgación involucre el posible detrimento de la sociedad, además, mediante la Circular Externa 100-000001 de 2017 la Super Sociedades se pronunció sobre esta temática.

Mediante la Resolución Nro. 2242 de 2020 el Ministerio de Trabajo adoptó el lineamiento para el desarrollo de audiencias de conciliación extrajudicial en materia laboral por medios virtuales.

El derecho a la asociación sindical por parte de trabajadores y empleadores se encuentra consagrado en el art. 39 Superior; además, la jurisprudencia constitucional ha abordado ampliamente el tema y en Sentencia C-180 de 2016 ha reiterado dicha asociación sin que medie discriminación o distinción alguna.