Mediante la Ley 387 de 1997 el Congreso de Colombia expidió medidas dirigidas a prevenir el desplazamiento forzado y garantizar la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de este grupo poblacional.

Mediante el Decreto Nro. 1012 de 2020, el Gobierno Nacional el Gobierno Nacional reglamentó el inciso 2 del art. 840 del Estatuto Tributario y definió el remate virtual en el proceso administrativo mediante adición al capítulo 9 Título 2 Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.

El hábeas corpus es un derecho constitucional y también una acción constitucional en defensa de la libertad personal. Se encuentra establecido en el art. 30 Superior y en la Ley 1095 de 2006.

En relación a la prevención en materia de corrupción transnacional de las personas jurídicas, la Superintendencia de Sociedades emitió la Resolución número 100-006261 de 2020.

Por medio de la Sentencia de Tutela Nro.261 de 2020 la Corte Constitucional amparó los derechos a la seguridad social, mínimo vital y vida digna de la actora, al ordenar a su favor el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez por parte de la UGPP. Además, se pronunció acerca de la procedencia de intervención del juez de tutela respecto a dirimir asuntos de derechos de carácter prestacional en seguridad social y cuando se presenten circunstancias especiales que requieran atender parámetros jurisprudenciales establecidos para tal fin.

Mediante el fallo de tutela Nro. 246 de 2020 la Corte Constitucional amparó el derecho a la vida, a la salud y la atención en urgencias de una ciudadana venezolana que se encontraba de manera irregular en el país y requería medicamentos para tratar su enfermedad crónica. La Corte hizo un recuento por su jurisprudencia y puntualizó frente a la temática del derecho a la atención en urgencias de los migrantes en Colombia.

El artículo 42 de la Constitución Política consagra la procedencia de la acción de tutela contra particulares cuando la petición sea para tutelar derechos de personas que se encuentren en situación de subordinación o indefensión respecto de dicho particular contra quien se impetró el recurso.

La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que la educación inclusiva es un derecho, un servicio público y además, una herramienta para dignificar a la persona, permitiendo mejorar su calidad de vida, contribuyendo al desarrollo personal del individuo y al de la comunidad (Concordante con la Sentencia T-679 de 2016, M.J.I.P.P.).

Con la Sentencia T-596 de 1992, la Corte Constitucional empezó a pronunciarse acerca de la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad; frente a dicha temática la Corte dijo: ¨En una relación jurídica el predominio de una parte sobre la otra no impide la existencia de derechos y deberes para ambas partes. Este es el caso del interno en un centro penitenciario”.

La jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional respecto a los criterios formales y materiales, indica que éstos deben ser acatados por el Gobierno Nacional cuando sean expedidos los decretos que declaren un estado de emergencia. Dicho escrutinio es el límite de dicha potestad del poder ejecutivo en nuestro país.