La autonomía universitaria se encuentra determinada en el art. 69 Superior, entre tanto, la Corte Constitucional ha establecido límites a esta discrecionalidad en diversas sentencias y especialmente la Sentencia T-933 de 2005.

Mediante el art. 23 Superior el derecho de petición fue elevado a derecho constitucional, además, ha sido constante la jurisprudencia constitucional en dicha materia y en la Sentencia T-192 de 2007 se determinaron las características que debe contener la respuesta a dicho mecanismo constitucional.

La Corte Constitucional ha sido reiterativa en la jurisprudencia que protege al grupo poblacional indígena, al considerarlos en una condición especial de vulnerabilidad. La Sentencia C-005 de 2017 recoge varios de estas disposiciones jurisprudenciales frente a esta temática.

La jurisprudencia ha determinado como derecho cierto a aquel incorporado en el patrimonio del trabajador, ¨esto sucede cuando operan los supuestos de hecho de la norma que consagra el derecho, así no se haya configurado aún la consecuencia jurídica de la misma¨. Entre tanto, un derecho es indiscutible si existe certeza respecto su caracterización, tal como lo consagra la Corte Constitucional en su sentencia T-662 de 2012.

El régimen de inhabilidades para el desempeño de un cargo público ha sido delimitado por la Constitución y el legislador. La Corte Constitucional mediante su Sentencia C-209 de 2000 destacó éstas como reglas y exigencias que deben observarse para el acceso y ejercicio de la función pública.

El principio de subsidiariedad de la acción de tutela se encuentra consagrado en el inciso 3 del art. 86 de la Constitución Política de Colombia y es concordante con el art. 6 del Decreto 2591 de 1991, cuando a pesar de existir medios de defensa judicial se requiere dicho mecanismo constitucional como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable. Entre tanto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-956 de 2014, determinó las características del perjuicio irremediable.

Para la Corte Constitucional el objeto de la acción de tutela es la garantía de los derechos fundamentales de las personas, pero pueden presentarse situaciones durante el proceso de amparo que permitan determinar que la amenaza o vulneración al derecho fundamental terminó, es así como la Corte analizó dichas circunstancias mediante la Sentencia T-253 de 2020.

El derecho fundamental al debido proceso se encuentra consagrado en el art. 29 Constitucional y compete a la actividad judicial y administrativa, entre tanto, la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-040 de 2014 señaló el conjunto de derechos fundamentales vulnerados cuando se afecta el debido proceso administrativo en materia de derechos pensionales.

El art. 13 Superior consagró el principio de igualdad y protege a la mujer de cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral cuando se encuentre en embarazo o etapa de lactancia; además, el art. 43 Superior estableció la estabilidad laboral reforzada para la mujer en embarazo y la etapa post parto. Entre tanto, la Corte Constitucional se manifestó sobre las características de este fuero de maternidad mediante la famosa sentencia de unificación, SU-075 de 2018.

El art. 107-2 del Estatuto Tributario, adicionado por el art. 87 de la Ley 2010 de 2019 determinó las deducciones que por concepto impuesto de renta y complementarios será otorgado a las personas jurídicas por contribuciones a la educación de sus empleados.