El RUV es una herramienta de carácter técnico que de manera individual o por núcleo familiar permite la inclusión en el registro público de víctimas a personas que han sido afectadas por el conflicto interno, en los términos del art. 3 de la Ley 1448 de 2011. La jurisprudencia constitucional se ha encargado de caracterizar dicho derecho de inclusión en el RUV como un derecho fundamental de las víctimas en consonancia con fallos como el de Sentencia T-573 de 2015.

Mediante la Sentencia T-838 de 2004 la Corte Constitucional precisó la regla que debe aplicarse cuando existen serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento como presupuesto fáctico de un proceso de restitución de inmueble.

En Colombia la educación es concebida como un derecho y un servicio público a las luces del artículo 67 Superior. Para tal cometido, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, por ejemplo, en la Sentencia C-258 de 2015 se pronunció acerca de la relevancia de este derecho dentro de los derechos sociales, económicos y culturales en garantía del interés superior del menor.

La definición de familia se encuentra consagrada en el art. 42 Superior, siendo un mandato constitucional para el Estado la protección de esta institución en el que se funda la sociedad. La jurisprudencia constitucional se ha encargado de reconocer una nueva tipología de familias además de la tradicional familia biológica conforme, por ejemplo, a la Sentencia T-070 de 2015.

El proceso de pérdida de investidura se encuentra contenido en el art. 183 Superior y establece una serie de conductas de los congresistas que generan dicho proceso contra éstos. Desde la Sentencia C-319 de 1994 la Corte Constitucional ha reiterado dicho concepto y aclarado su aplicación en el mentado proceso y mediante múltiples sentencias más como la SU-424 de 2016 ha sostenido dicho concepto.

Mediante la Sentencia T-502 de 2020 la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la vida digna, seguridad social y mínimo vital del actor de la acción de tutela, además, le otorgó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez solicitada, pues, le fue negado inicialmente el reconocimiento dicha prestación por parte de la Administradora del Fondo de Pensiones debido a que el empleador pagó extemporáneamente los aportes que adeudaba al Sistema de Pensiones.

Por medio de diversas sentencias la Corte Constitucional ha conceptuado acerca de cuándo los servicios de salud de las personas transgénero deben ser otorgados por el Sistema de Salud porque son requeridos para su reafirmación sexual y de género. La Sentencia T-771 de 2013 recoge el concepto de la Corte referente al acceso a procedimientos de salud de la accionante para reafirmar su identidad y garantizar el derecho a la salud de forma integral.

El Consejo de Estado ha manifestado en reiterada jurisprudencia que los contratos de prestación de servicios suscritos entre entidades públicas y auxiliares de enfermería tienen el presupuesto de subordinación y dependencia, el cual debe ser desvirtuado por la entidad demandada.

Existen juicios y actuaciones que se surten ante la Corte Constitucional. Es así como el art. 2 del Decreto 2067 de 1991 contiene el procedimiento y los elementos constitutivos de la demanda en las acciones públicas de constitucionalidad. Además, la Corte ha desarrollado en su jurisprudencia elementos esenciales de ese contenido como lo son la violación a los textos constitucionales y las razones que fundamentan la solicitud de constitucionalidad.

El derecho de petición es un importante instrumento contenido en nuestra Constitución en el art. 23, su aplicabilidad y características han sido desarrollados jurisprudencialmente por la Corte Constitucional en famosas sentencias como la T-044 de 2019.