El procedimiento de fertilización in vitro ha sido analizado por la Corte Constitucional en diversas sentencias a la luz del art. 43 de la Constitución (Protección de la mujer en estado de embarazo y del periodo inmediato posterior al parto), siendo la generalidad el negar dicho procedimiento que se encuentra por fuera del Plan de Beneficios en Salud, y solo otorgarlo de manera excepcional ante algunas situaciones contenidas en la Sentencia SU-074 de 2020 y que afectan los derechos reproductivos fundamentales.

Mediante el art. 41 de la Ley 1122 de 2007 y el art. 126 de la Ley 1438 de 2011 se otorgaron facultades a la Superintendencia Nacional de Salud para que dirima los asuntos relacionados con la protección de los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Posteriormente, y mediante Sentencia T-163 de 2018 la Corte indicó sobre qué aspectos dicha Superintendencia no ejerce funciones jurisdiccionales.

Abundante es la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación a la presunción de veracidad para acceder a los servicios no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) por falta de capacidad de pago, indicando inicialmente una postura de deber probatorio a cargo del solicitante, y posteriormente, un cambio de postura hacia la imposición a la EPS de la carga de desvirtuar tal veracidad, tal como se aprecia en la Sentencia T-171 de 2016.

El art. 4 de la Constitución estableció la primacía de ésta sobre cualquier otra norma; incluso en la segunda parte de este artículo, en el inciso 1, se permite la inaplicabilidad de la norma cuando sea contraria a la Constitución. La Corte constitucional en reiterada jurisprudencia se manifestó acerca de dicha facultad y su ejercicio a solicitud de parte o de manera oficiosa, ésta última la contempló en la Sentencia T-424 de 2018.

La custodia y cuidado de los hijos menores es una obligación de los padres, consagrada en la Ley 1098 de 2006. En reiterados fallos la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema y conceptuó acerca de las obligaciones de padres o terceros cuidadores, por ejemplo, la Sentencia T-500 de 1993 donde se hace distinción entre la competencia de terceros para el cuidado de los menores más no de la patria potestad.

Los derechos de las mujeres víctimas de la violencia fueron establecidos en la Ley 1257 de 2008, los cuales deben ser respetados en todas las actuaciones administrativas y judiciales.

El proceso ejecutivo se encuentra establecido en el art. 422 del Código General del Proceso, indicando que podrán demandarse obligaciones expresas, claras y exigibles contenidas en un título ejecutivo. Mediante la Sentencia SU-041 de 2018, la Corte se pronunció respecto a que dicha pretensión de satisfacción de la obligación por parte de un acreedor debe provenir de un título que la contenga de manera clara y expresa.

La existencia de la solidaridad entre los parientes del paciente ante su asistencia es uno de los preceptos que la Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia, también, la Corte mediante Sentencia T-065 de 2018 señaló lo supuestos mediante los cuales dicha ayuda no puede ser suministrada por los parientes.

Mediante Sentencia C-592 de 1993 la Corte Constitucional indicó que el procesado tiene derecho a una defensa técnica por medio de un defensor idóneo (Sea de confianza o de oficio), en todas las etapas del proceso, que permita hacer valer las garantías formales del trámite judicial, y representar las garantías procesales del poderdante.

La Ley 1098 de 2006 en su artículo 62 contiene la competencia general para dirimir asuntos de adopción en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sin embargo, dicha competencia quedó estipulada solo para adopción de niños, niñas y adolescentes; para mayores de edad la competencia fue asignada al juez de familia. Además, la Corte Constitucional mediante Sentencia T-071 de 2016 instruyó acerca del procedimiento y consecuencias después de haber sido notificada la sentencia de adopción de mayor de edad por parte del juez de familia.