Conforme a la Ley 1579 de 2012, la función registral de bienes inmuebles en Colombia tiene unos principios y características específicos que permiten la tradición, seguridad jurídica y publicidad de bienes inmuebles.

La Ley 1820 de 2016 desarrolló el acuerdo final para la terminación del conflicto en Colombia y fue suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Dicha norma contempló los beneficios de indulto, amnistía y beneficios penales especiales para las personas procesadas, condenadas o señaladas de cometer delitos con antelación a la entrada en vigor del acuerdo del 1ro de diciembre de 2016.

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito- SOAT, fue establecido como un mecanismo de aseguramiento debido a la incidencia que tienen los accidentes de tránsito en la salud de las personas en concordancia con la Ley 769 de 2002, Ley 903 de 2004 y el art. 42 de la Ley 1005 de 2006. Además, la indemnización por incapacidad permanente como consecuencia de un accidente de tránsito fue regulada en el Decreto 780 de 2016.

Por vía jurisprudencial la Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas sentencias acerca de la vulneración de derechos como el mínimo vital de las víctimas del conflicto armado en Colombia y la procedencia de la acción de tutela por la inmediatez de acceder al auxilio económico estatal cuando dicha población no puede acceder a recursos para su subsistencia. Mediante la Sentencia T-028 de 2018 la Corte abordó dicha temática e hizo distinciones respecto a la ayuda humanitaria y la indemnización administrativa.

La educación como derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes se encuentra consagrado en al art. 44 Superior, mientras que el art. 67 Superior delega en el Estado el facilitar el acceso a dicho derecho. Mediante la Sentencia T-743 de 2013 la Corte Constitucional se manifestó acerca del derecho a la educación, sus características y la no discriminación.

El art. 46 Superior establece que el Estado, la familia y la sociedad deberán proteger, asistir al adulto mayor, ayudar a su integración a la vida activa y en comunidad. En relación a los derechos pensionales de las personas de la tercera edad en condición de discapacidad, la Constitución ha establecido lo concerniente a este tema en los artículos 13, 46 y el inciso 3 del art. 53 Superior y la Corte Constitucional mediante Sentencia T-361 de 2012 se pronunció en referencia a esta temática.

El art. 365 Superior estableció respecto a los servicios públicos como inherentes a la finalidad del Estado, además, el art. 311 Superior indicó al municipio como el organismo estatal que debe prestar dichos servicios, entre tanto, la Ley 142 de 1994 determinó el régimen de servicios públicos domiciliarios. Además, la Corte Constitucional mediante Sentencia T-140 de 2017 estableció las características de dichos servicios de saneamiento básico.

Por medio de la Sentencia de unificación SU-442 de 2016, la Corte Constitucional reiteró su regla jurisprudencial en relación al alcance de la condición más beneficiosa en pensiones de invalidez.

Son múltiples los fallos de la Corte Constitucional donde se establece la procedencia de la acción de tutela como mecanismo idóneo para hacer cumplir sentencias judiciales ejecutoriadas en donde se reconocen derechos como los pensionales y el del debido proceso. Mediante Sentencia T-712 de 2016, la Corte estableció los criterios para el uso del mecanismo constitucional de tutela con el mencionado fin.

El literal d del art. 47 de la Ley 100 de 1993 estableció los beneficiaros de la pensión de sobrevivientes y dentro de éstos a los padres del causante, si dependían de manera económica de éste. Mediante la Sentencia T-538 de 2015 la Corte Constitucional se pronunció acerca de las reglas establecidas en su jurisprudencia para determinar la dependencia económica con fines de reconocer la pensión de sobreviviente.